jueves, 13 de junio de 2013

Alcaldesa de Monterrey niega haber violado laicidad del Estado por entregar la ciudad a Jesús

Margarita Arellanes Cervantes, aseguró que esa acción la hizo a “a título personal” y que en ningún momento violentó la laicidad del Estado mexicano y la Constitución.



La presidenta municipal de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, quien entregó simbólicamente la ciudad a Jesucristo, aseguró que esa acción la hizo a “a título personal” y que en ningún momento violentó la laicidad del Estado mexicano y la Constitución.
Aunque en el video se aprecia que se presentó con la investidura de alcaldesa, Arellanes Cervantes dijo en conferencia que no quiso ofender con sus declaraciones a los regiomontanos, ya que es respetuosa de la religión que profesen los ciudadanos de Monterrey.

“Cuando sea a título personal (participaré) por su puesto, ya he recibido invitaciones y ya he participado con otras congregaciones y voy a seguir participando cuando se trate de un objetivo que busque el bien de nuestra comunidad, que busque exaltar los valores”, dijo.
Añadió que ella profesa la religión católica y que al acudir a este evento cristiano, no fue con tintes políticos, sino por agradecimiento a la comunidad.
Ediles han hecho un acto similar al de Arellanes
Además de Arellanes, los ediles de Guadalupe, César Garza, y de Juárez, Rodolfo Ambriz, en un acto similar, ostentándose con sus cargos públicos, hicieron la misma entrega simbólica de sus respectivos ayuntamientos.
En el caso de Guadalupe, el alcalde tricolor aparece en un video —subido a la red el 8 de diciembre pasado— ante una multitud ofreciendo a Jesucristo las llaves del municipio.
El gobierno de Nuevo León sólo se limitó a esbozar un “respeto” a las declaraciones de Arellanes.
Jorge Domene, titular de la Oficina del Gobernador, explicó que a pesar de que la Constitución establece un Estado laico, dijo que la postura estatal es de total respeto hacia la alcaldesa de Monterrey.
Sin embargo, varios regidores del PRI en Monterrey consideraron que las declaraciones de Arellanes violan el artículo 40 constitucional y grupos civiles consideraron la situación como una “afrenta al principio histórico de separación de iglesia-Estado”.