Este jueves durante un curso de formación para funcionarios públicos, Federico Graña, Director Nacional de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de Uruguay, aseguró que para él los grupos “evangelistas neopentecostales”, respondían a prácticas y grupos similares a los terroristas.
Graña durante esta ponencia argumentó que los grupos religiosos pretendían implementar una estrategia de odio para división de la sociedad y así poder tener el control de la misma.
Por otro lado, Graña consideró que el peor enemigo y la gran amenaza que vive el continente Latinoamérica es el crecimiento del fundamentalismo religioso.
Durante la jornada de adoctrinamiento, también participó Nelson Villarreal, Secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.
Según la página web de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional el objetivo del “Curso de formación para funcionarios del sector público sobre políticas públicas y derechos humanos” es abordar diversas áreas de derechos humanos y de varios grupos particulares para profundizar en la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, teniendo en cuenta las prioridades en la implementación de las recomendaciones Uruguay ha recibido por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
“Resulta curioso que aun cuando habla de libertades y derechos, al mismo tiempo cercena, cuestiona y descalifica al comparar a la iglesia con los grupos yihadistas asesinos del Medio Oriente”, dijo un líder evangélico uruguayo que pidió guardar el anonimato.
Por su parte la economista uruguaya, Dolores Casanova, quien además es una activista provida dijo a este medio que el señor Graña “o no conoce el trabajo de los evangélicos, que como Director Nacional de Promoción Social del MIDES debería, o no conoce el significado del concepto ‘terrorismo’ y lo que hacen los grupos terroristas”.
Casanova recordó que “el terrorismo es ‘una forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general’”.
La economista provida agregó, “¿Será que este es el método que utilizan los grupos evangélicos para sacar a las personas de las drogas? ¿Para devolverle la esperanza a tantas y tantos? ¿Para devolverle la dignidad a las personas más vulnerables y desprotegidas? O ¿será que el Director de Promoción Social necesita desprestigiar a las personas que sin buscar nada a cambio logran con paciencia y cariño lo que no logra hacer él y para lo cual le pagan el sueldo?”
Por su parte, Gustavo Zúñiga, edil de la ciudad capital de Montevideo, expresó: “toda mi solidaridad con la comunidad evangélica pentecostal en el Uruguay ante este ataque perpetrado por las autoridades de quien nos gobierna en la persona de Federico Graña. Es realmente una violación de la laicidad que se use el Estado para atacar a una religión, donde no sólo se ataca a la religión en sí, sino que directamente a todos sus fieles acusándolos de ser similares a los terroristas del Medio Oriente”.
Zúñiga asegura que, “realmente es imperdonable que se usen los medios del Estado para difamar y sembrar el odio a las religiones, rozando un comportamiento delictual por parte de quien hizo los comentarios, abusando del poder del Estado y de su posición”.
Agrega el funcionario municipal que, “tristemente este no es el primer ataque a la religión por parte de quienes nos gobiernan y quizás no sea el último, pero tenemos que alzar nuestra voz para que nunca más en nuestro hermoso país se cometan atropellos de este tipo”.
El Dr. Marcelo Maute Saravia, abogado y profesor de la Universidad de la República, también condenó las expresiones del director del MIDES. “Gravísima violación por parte de un funcionario público (tan ignorante que aclara que en una conferencia publica sus opiniones no se vinculan a su cargo)” afirma Maute Saravia. “Dicho funcionario expuso en su condición de tal y violento el Principio Constitucional de nuestro Estado que es la laicidad, atacando de manera vil y artera a un grupo religioso (al que no pertenezco) que son los integrantes de las iglesias cristianas pentecontales”.
El profesor agrega que el funcionario público “comete el delito personal (más allá de su cargo) de ‘incitar al odio y desprecio’ a un colectivo religioso”. Y añade, “como libre pensador no sólo no comparto, sino que no admito que un representante del gobierno de mi país sea tan ‘totalitario’ o peor tan ‘ignorante’. Ante cualquier caso debe haber responsabilidades”.
Fuente: Evangélico Digital
