
El juez del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS en inglés), Paul Engerlmayer, anuló este decreto diciendo que es perjudicial para casos de emergencia.
Engerlmayer dijo que el argumento que usó el presidente está basado en una mentira, pues esto haría que otros se rehúsen a trabajar en clínicas abortivas.
Ante esto, se reciben quejas de trabajadores que se les obliga a trabajar en estos lugares en contra de su voluntad, violando su conciencia.
19 estados y organizaciones de salud interpusieron una demanda para detener la medida, argumentando que un obstáculo para el público que requiere atención médica.
El presidente interino de Planned Parenthood, Alexis McGill, expresó que Trump le da cobertura a la discriminación con esta medida “absurda”.
De igual modo, la Asociación de Psicología de EE.UU, denunció que de haber puesto la norma en vigencia se habría colocado en riesgo de la salud de los más vulnerables, en los que incluyen mujeres, personas LGBT y portadores del VIH.
Uno de los senadores, Ben Sasse, instó al gobierno a interponer una apelación para que la medida este presente, pues son muchos los que no desean trabajar en estas condiciones.
Desde 1973, las Disposiciones de Conciencia rigen las instituciones de salud de EE.UU, donde se protege a quienes trabajan en ese sector por sus creencias religiosas.
Con la derogación de la norma, aumentarán las listas de quienes no desean trabajar en clínicas abortivas.